LOS CAMBIOS QUE SE VIENEN …

LOS CAMBIOS QUE SE VIENEN …

LOS CAMBIOS QUE SE VIENEN …

El Ejecutivo tiene pensado pedir facultades delegadas al Legislativo para implementar una serie de medidas con el fin de reactivar la economía, promover el clima de inversiones, destrabar proyectos y reducir los recientes indicadores de pobreza por las que atraviesa nuestro país.

En el marco de esa delegación y para cumplir los fines que se han trazado, se encuentran el establecer ciertos cambios a la regulación tributaria. Así, en recientes declaraciones al diario Gestión (25.04.2018), el ministro de economía ha señalado la imperiosa necesidad de implementar la operatividad de la cláusula antielusiva general – CAG (suspendida desde 2014), la posible unificación de los regímenes diferenciados del Impuesto a la Renta (IR), caso del RUS, el RER y el Régimen Mype Tributario, estandarizar tasas en el ISC.

Estimamos acertada la medida de evaluar la unificación de los regímenes del IR antes dicho, toda vez que la coexistencia de estos han traído consigo una serie de confusiones entre los contribuyentes, que finalmente se han materializado en contingencias dada la falta de predictibilidad producto de las marchas y contramarchas normativas en su regulación.

Sin embargo, anhelamos que dicha propuesta se efectúe sobre la base de principios de simplicidad, certeza, seguridad jurídica y de reducción de costos que estos cambios podrían originar en los contribuyentes acogidos a cualquiera de ellos, optándose además por una transición operativa – legislativa en la que prime el orden, sin vulnerarse los derechos de los administrados, más allá de tener como norte únicamente el lograr una mayor recaudación.

Ese mismo cariz es el que esperamos sobre la implementación de la CAG, dado que un apresuramiento en su dación sin observarse los parámetros propuestos por diversos gremios, traería consigo un mayor clima de inseguridad jurídica en el tratamiento tributario que los contribuyentes deberán observar en adelante en sus operaciones con sus vinculadas y en rigor, en las operaciones del mercado en general.

Asimismo, la aplicación de la CAG deberá ejercerse sobre parámetros de razonabilidad y objetividad, no partiendo de la errada premisa que los contribuyentes estructuran sus operaciones con el fin de eludir o en el peor de los casos evadir tributos, sino que por el contrario, el accionar de SUNAT debe partir sobre la base de la buena fe inherente a las operaciones comerciales que validamente concretan los agentes económicos en el mercado.

Esta disposición, si bien resulta necesaria dado el caso de algunos supuestos de elusión que perjudican las arcas fiscales, la imputación de cargo sobre conductas o transacciones elusivas deben ser rigurosamente fundamentadas por la Administración Tributaria, puesto que sin la debida motivación, es claro que se podría entrar a contextos de excesos en donde operaciones con fondo económico sean innecesariamente cuestionadas, con los perjuicios que ello traería consigo a las empresas, como son la exigibilidad de IR´s producto de reajustes, multas, intereses moratorios, cobranzas coactivas, así como los costos que implica litigar contra la SUNAT con el fin de ejercer el constitucional derecho de defensa.

Los cambios, en definitiva, son necesarios e indiscutibles. Solo esperamos que no se produzcan ni ejerzan sobre los contribuyente en forma draconiana. No debemos olvidar que nos encontramos dentro de un estado constitucional y de derecho en el que las garantías y derechos de los contribuyentes deben ser la principal variable a considerar en este contexto de cambios al sistema tributario.

Luis Farfán Falcón.
Abril, 2018